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Pese a convertirse en el principal elemento de lucha de las administraciones para resolver el problema de la vivienda en España, el ritmo de producción de vivienda protegida apenas alcanza las 9.000 unidades al año en la década.
Ante la escalada imparable de los precios de la vivienda como consecuencia de la falta de oferta existente frente a una demanda creciente, que está dejando fuera de posibilidades de acceso a una solución habitacional a una parte importante de la sociedad, la vivienda de protección está llamada a ser el elemento central de las políticas de vivienda del conjunto de las administraciones públicas para satisfacer la demanda de estos ciudadanos con menor nivel de renta.
Con un déficit del entorno de las 700.000 viviendas a nivel nacional, según datos del Banco de España, el problema de la vivienda se está enquistando y puede permanecer durante un buen número de años, por lo que la solución que se ha defendido tanto desde el sector público como desde el privado es la creación de un amplio parque de vivienda asequible y social.
Sin embargo, los datos oficiales publicados por el Ministerio de Vivienda que se conocen de calificaciones definitivas de vivienda protegida de los últimos años hacen pensar que la elevación del parque de vivienda protegida va a necesitar un impulso adicional con el que actualmente no cuenta, si se quiere acortar este problema en el tiempo. El histórico de las calificaciones definitivas de vivienda protegida arroja un saldo preocupante, al caer el 79% desde el nivel máximo del boom inmobiliario de 2008 hasta los registros de 2024.
Según los datos oficiales del Ministerio, en la última década comprendida desde los años 2014 a 2024, con datos de cierre del conjunto del ejercicio, las viviendas que han obtenido la calificación definitiva de protegida en el conjunto de planes estatales y autonómicos han sumado un total de 100.910 unidades, una cifra que se antoja extremadamente reducida y que apenas supone algo más de las 9.000 unidades al año. Sumados los datos provisionales hasta septiembre de 2025, la cifra asciende a 108.809 unidades.
Así se ha pasado de unas calificaciones de 15.046 unidades en 2014 a las 14.371 viviendas del cierre de 2024, tras tocarse suelo en 2017 con menos de 5.000 unidades. A falta de conocerse los datos del último trimestre de 2025, las viviendas protegidas con calificación definitiva suman hasta septiembre pasado las 7.899 unidades, si bien es cierto que en los últimos tres meses es cuando esta estadística registra el mayor número de calificaciones, por lo que incluso podría superarse el número de 2024. Una prueba, no obstante, que pone de relieve el esfuerzo que se ha venido realizando desde 2024 es el crecimiento del 62% que se ha registrado en este año frente a 2023 cuando se calificaron únicamente 8.847 viviendas.
Estos datos contrastan con las cifras de la década anterior, comprendida entre los años 2004 y 2013, cuando las calificaciones definitivas de planes estatales y autonómicos alcanzaron las 569.373 unidades, cerca de 57.000 unidades al año. El nivel máximo se alcanzó con 68.587 unidades en 2008, en la parte final del boom inmobiliario. Solamente en Madrid obtuvieron una calificación definitiva de vivienda protegida 146.988 unidades y Andalucía 90.312.
Atendiendo al tipo de promotor, en los últimos años, los privados ganan por goleada al registrar un total de 85.694 de viviendas protegidas calificadas definitivas, lo que supone más del 78% del total, frente a las 23.115 calificaciones llevadas a cabo por promotores públicos.
Dentro de la cifra total alcanzada desde 2014, destaca como a nivel de comunidades autónomas, Madrid ha acaparado el 40,76% del total con 44.349 unidades (sumadas las 2.589 unidades provisionales de 2025), seguida a distancia por Cataluña con 15.498 unidades y País Vasco con el 13,78% del total y 14.996 unidades. Andalucía calificó el 9,58% con 10.419 viviendas protegidas.
Los peores registros se localizaron en Ceuta, donde tan sólo obtuvo una vivienda la calificación definitiva de protegida y 63 en Melilla. En La Rioja este acto administrativo final que viene a confirmar la protección pública se otorgó a 171 viviendas, mientras que Murcia lo otorgó a 311 unidades.
