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España mejora su ventaja frente a competidores como Fráncfort, Londres, Ámsterdam, París y Dublín, saturados por restricciones, por su disponibilidad de terrenos a mejor precio, su conectividad y su posición geopolítica estable.
La inteligencia artificial y los centros de datos como la infraestructura donde se gestiona esta IA, son a la economía digital lo que en su día fueron las fábricas a la Revolución Industrial, convirtiéndose en uno de los grandes hitos de la humanidad, al nivel e incluso superior al de la rueda, la escritura o la máquina de vapor, lo que ha provocado que los datos pasen a convertirse en el nuevo petróleo de la economía mundial.
Precisamente por ello, el momento actual es cuando hay que adoptar las medidas que sean necesarias para que España se convierta en el hub digital del sur europeo, ya que, de lo contrario, seguirá dependiendo de la capacidad digital construida por otros países. Y es que mientras el resto de hubs tradicionales europeos, como Fráncfort, Londres, Ámsterdam, París y Dublín se encuentran saturados por restricciones de suelo (lo que está impulsando el precios de los terrenos), red eléctrica y regulación, España tiene disponibilidad de suelo (comparativamente a mejores precios) y elevada conectividad global para este tipo de instalaciones, junto a una posición más segura a nivel geopolítico, según se desprende del informe ‘España como hub europeo de computación’ realizado por Arcano Research.
El principal riesgo para este sector se localiza en el crecimiento de la demanda de energía, por el consumo de los centros de datos, lo que está ocasioinando que la capacidad de red sea insuficiente, lo que está teniendo una relación directa con el problema de la vivienda y la falta de potencia para desarrollar determinadas promociones. Otro no menos importante sigue siendo el de los dilatados plazos para la obtención de permisos para la construcción de este tipo de centros lo que incrementa la incertidumbre dificultando la inversión, lo que provoca que como consecuencia de la intervención de múltiples administraciones, los plazos puedan extenderse hasta cinco años, pese a que el objetivo oficial pueda ser de 14 meses.
Según destacó su economista jefe, Ignacio de la Torre, durante un encuentro con periodistas, con una inversión prevista de aquí a 2035 de más de 80.000 millones de euros en centros de datos, lo que equivale al 5,4% del PIB, se podría llegar a aportar más de 222.000 millones de euros al PIB español a lo largo de la próxima década, el equivalente a 22.300 millones anuales, el 1,3% del PIB. Esta evolución también seria apreciable en materia de empleo de elevada calidad, equivalente al 2,7% del empleo nacional, suponiendo un aumento de más de 563.000 puestos de trabajo, a lo que contribuye que España cuenta con unos costes especialmente competitivos para los centros de datos. De hecho, señala que uno de cada diez puestos de trabajo creados podría estar asociados a los centros de datos.
Madrid se sitúa como el quinto mercado primario de Emea (Europa, Oriente Medio y África) para la industria de los centros de datos. Así lo recoge el informe Global Data Center Market Comparison 2026 elaborado por Cushman & Wakefield, que evalúa factores como la disponibilidad de energía y suelo, la madurez del mercado, la conectividad, los costes operativos y el entorno regulatorio. La capital española comparte las principales posiciones con algunos de los destinos más relevantes del sector, como Helsinki, Oslo, Milán y Abu Dhabi. Madrid concentra una capacidad total de mercado de 538 MW y podría alcanzar los 1.105 MW en el horizonte 2030, lo que refleja el fuerte potencial de crecimiento de la región como hub para nuevas inversiones en infraestructuras digitales.
Tras conocerse el Real Decreto de medidas para mitigar el impacto de la crisis de Irán del marzo pasado, que contemplaba medidas adicionales en materia ambiental para los centros de datos y los definía como no prioritarios a la hora de demandar energía, frente a la vivienda u otros servicios considerados esenciales, el sector representado en la Asociación Española de Data Centers, Spain DC, salía en defensa de lo que pueden llegar a significar estos centros industriales para la economía del país.
Desde Spain DC, se afirma que la norma del Gobierno, lo que venía a suponer de facto “un cambio del modelo energético del país”, puede llegar a provocar una grave crisis en este sector que suponga una huida de los inversores hacia otros países como Francia o Alemania, que resta la confianza del inversor. En concreto puede llegar a tener un coste de cerca de 24.000 millones de euros en inversión directa e indirecta si se llega a plasmar una regulación restrictiva como se sugiere en la norma del Ejecutivo.
El ‘Informe anual 2025 del sector de centros de datos en España’ de Spain DC, recoge que, si este mercado mantiene su evolución actual, podría captar 66.900 millones de euros de inversión directa o indirecta hasta 2030. Pero si se llevase a cabo una regulación más restrictiva como reflejaba la norma del Gobierno, esta inversión podría caer hasta los 43.000 millones de euros.
