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Los directivos del sector reclaman en su participación en Simed certidumbre de plazos en la transformación de suelo finalista, ventanilla única en su gestión, más seguridad jurídica y rebaja gradual de la fiscalidad en vivienda.
Coincidiendo con el inicio de la campaña electoral oficial de las próximas elecciones del 29N y en el marco de la feria inmobiliaria Simed en Málaga un nutrido grupo de representantes del sector promotor ha puesto encima de la mesa lo que serían los deberes para el próximo ejecutivo que salga de las urnas en materia inmobiliaria y, especialmente, en vivienda y desarrollo de suelo, con el fin de subsanar las ineficiencias y la paradoja en el que encuentra inmerso esta actividad vital para el país.
Una situación que, como señaló el fundador de Ciudadanos, Albert Rivera, actualmente socio director de RV+, se da cuando la población española crece aproximándose a los 50 millones de habitantes, fundamentalmente por la entrada de 2,5 millones de inmigrantes en los últimos cinco años, con el consiguiente incremento de los hogares (del orden de 250.000 anuales) y que, sin embargo, con las actuales políticas “no somos capaces de construir las viviendas que necesitamos, pese a que las economía está creciendo a un ritmo del 2%”.
Es por ello por lo que calificó como crucial el próximo cambio del ciclo electoral en esta materia al afirmar que “lo que hagamos a lo largo de los próximos cuatro años va a tener efectos en los próximos 20 años”, por lo que las medidas que se lleven a cabo deben ser de calado y en profundidad en materia de liberalización de suelo, edificación, regulación y seguridad jurídica y fiscalidad.
Los responsables de algunas de las grandes compañias inmobiliarias demandan que los cambios que se pongan en marcha deberían realizarse sin complejos, modificando la actual regulación de forma que la administración asuma el control de los tiempos en la transformación del suelo para que sea finalista, con el objetivo de que los actuales plazos que en muchos casos sobrepasan los diez años sean mucho más reducido contribuyendo a incrementar el ritmo de construcción.
Para Tomás Gasset, consejero delegado de Urbania, en materia de suelo, “tenerlo es un gran negocio, pero producirlo, por el contrario, es malo” ya que el problema reside en la dificultad que actualmente existe para hacerlo finalista, al ser un sistema muy complejo y con un elevado riesgo y donde los tiempos no tienen nada que ver con los de la promoción.

El suelo, que no es otra cosa que la materia prima para construir viviendas, hospitales, cuenta con problemas añadidos como el de la financiación bancaria, en una herencia derivada de la anterior crisis a raíz de la cual se impusieron un conjunto de medidas de prudencia financiera que vienen a complicar su actual gestión.
Para Alberto Quemada, consejero delegado de LandCo, uno de los factores que caracteriza a la llamada materia prima de la construcción es que “todo el desarrollo del mismo es privado”, por lo que manifestó su opinión en la línea de que puedan aprobarse medidas intermedias, ante una realidad en el mercado que es que “ahora nadie quiere promocionar suelo”.
Así se pronunció a favor de incrementar la seguridad jurídica a través de cambios en las leyes, en la línea de que los actos administrativos sean firmes, generando certidumbre en los plazos, frente a la realidad actual que pueden moverse desde el año hasta los 25 años.
Es por ello por lo que “la solución política tiene que ser muy valiente y que afecte a la totalidad de las Administraciones Públicas, por lo que pido al nuevo Gobierno valentía en este cambio dramático” para que este mercado cuente con plazos determinados, “algo que considero posible con las tecnologías actuales y la Inteligencia Artificial (IA). Se que va a ser una reforma dolorosa ya que se deberían quitar competencias a entes y administraciones, pero la transformación debe ser absoluta y total. A lo mejor hay que plantearse que todo el suelo sea urbano, hay ejemplos de ello en Asia”, donde todo apunta que ha funcionado bien. Detrás de esta resta de competencia surge la idea de la ventanilla única a la hora de la gestión del suelo.
Francisco Pérez, consejero delegado de Culmia, reclamó una nueva Ley del Suelo con medidas excepcionales, ya que “no podemos esperar tantos años para solucionar este tema. Si el país necesita que las promociones deben contemplar que un 30%, un 40% o incluso un 50% sea vivienda protegida, hagámoslo. Son necesarias medidas excepcionales, valientes y si es necesario quitar competencias a determinadas administraciones”.
Gabriel Sánchez, director general de negocio de Neinor Homes, abordó que la financiación falta también en los procesos de urbanización, donde los problemas se repiten como en el suelo. “El sistema no funciona ni responde a la función social que representa”, y salvo que se trate de un operador fuerte resulta difícil que el proyecto avance, ante la falta de capital masivo para estas obras, por lo que desde su opinión se produce una ausencia de “inercia financiera” que impulse estas construcciones. En este sentido, el directivo de Neinor atribuyó al Instituto de Crédito Oficial (ICO) un papel relevante en la financiación de las obras de urbanización.
El directivo de LandCo fue más allá en este sentido, al señalar que “no solo falta financiación, sino intervención porque los números no salen. Hacemos todas las infraestructuras de urbanización y no es sostenible”, dijo.
En materia de edificación de vivienda,el directivo de Culmia defendió el desarrollo de proyectos de vivienda asequible en colaboración público-privada, pero la realidad muestra que si bien existe un total de 14 empresas dispuestas a ello y cada vez más entidades financieras están apoyando con su financiación a este tipo de proyectos, “no hay concursos a los que presentarse”.
Javier Braza, consejero delegado de Lagoon Living, compañía dedicada al alquiler asequible, quiso terciar en el debate para señalar que las compañías que estamos interesadas en esta tipología de activos no son el problema, “somos parte de la solución”, y para que salgan los números se mostró partidario de buscar un punto de equilibrio en cuanto a calidades y exigencias de este tipo de viviendas, a la par del precio. En esta línea, el directivo de Culmia se mostró partidario de “rebajar los códigos técnicos para construir más, adoptando medidas valientes y excepcionales”.
El tema de la elevada fiscalidad del sector también estuvo presente entre la lista de cambios requeridos. Y es que la realidad es que en todos y cada uno de los procesos que se llevan a cabo en materia inmobiliaria las figuras tributarias hacen acto de presencia, bien en su vertiente nacional, autonómica o municipal, de forma que elevan el precio de la vivienda ya en torno al 25%-30% de su precio final obedece a una carga impositiva.
Enaut Sáiz, socio director de Naiz Homes, se mostró a favor de facilitar fiscalmente la compra de la primera vivienda, una medida que ya se llevó a cabo y que en 2012 fue retirada por contribuir a la elevación de los precios.
Precisamente en esta última línea se manifestó el consejero delegado de Urbania, al señalar que como ya sucedió en el pasado, “cualquier rebaja de impuesto finalmente pasa a un aumento de los precios, y ello es así, porque ante las estrecheces de los márgenes aprovechamos para elevar los precios”.
Algo más escéptico fue el directivo de LandCo, al señalar que siempre “es atractivo bajar los impuestos, pero la realidad del país es que no se construyen viviendas suficientes, el año pasado poco más de 90.000”. Desde Lagoom Living, su consejero delegado defendió que la carga fiscal no puede ser la misma para un activo asequible que para uno de lujo.



