Ocho comunidades podrán emplear parte de su superávit para financiar inversiones en vivienda

El Ejecutivo facilita a las autonomías destinar el excedente presupuestario en vivienda social. Ante el problema existente de falta de vivienda que satisfaga las necesidades de una demanda creciente la fórmula ideada es financiera. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto-ley por el que se adoptan las medidas fiscales y financieras en favor de las comunidades autónomas para flexibilizar el uso del superávit presupuestario de los gobiernos regionales para financiar inversiones financieramente sostenibles y políticas relacionadas con la vivienda, entre otras.

El propósito de esta norma no es otro que habilitar a las comunidades autónomas para que puedan utilizar el superávit presupuestario del 2025 que tengan para financiar inversiones sostenibles en 2026 y 2027 y dedicar esos recursos a políticas como las relacionadas con la vivienda.

El Ejecutivo también ha regulado la norma para permitir a las comunidades autónomas con una deuda sobre PIB inferior al 12,4% al cierre de 2025, destinar esos superávit presupuestarios de ejercicios anteriores, a inversiones que se ejecutarían en los años 2026, 2027 y 2028 y que no computarán a efectos del cumplimiento de la regla de gasto, en lugar de destinar esos recursos a reducir deuda, como marca ahora la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria.

El Gobierno también ha aprobado un acuerdo por el que se adopta un Real Decreto para la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana durante el ejercicio 2026 mediante ayudas por valor de 40,41 millones de euros destinadas a diferentes entes municipales y supramunicipales para impulsar para actuaciones concretas en materia de vivienda y suelo.

Así consta en la referencia del Consejo de Ministros relativas a subvenciones en materia de vivienda en el presente ejercicio. El Gobierno ha presentado paquetes de medidas dirigidos a contener los precios del alquiler y desincentivar el uso especulativo de la vivienda habitual. Entre ellas figuran bonificaciones fiscales en el IRPF para arrendadores que mantengan o congelen el precio de la renta al renovar el contrato a sus inquilinos; la regulación y control del alquiler de temporada y por habitaciones para evitar que se usen como vía para esquivar los topes de la Ley de Vivienda, y el endurecimiento fiscal a los pisos turísticos.

Según ha especificado Hacienda, un total de ocho comunidades se van a beneficiar de estas medidas que supone movilizar casi 4.000 millones de euros para inversiones en sus territorios: Asturias, Canarias, Navarra, País Vasco, Andalucía, Baleares, Cantabria y Galicia.

Las inversiones financieramente sostenibles (IFS) son aquellas inversiones que en el largo plazo tengan un impacto positivo sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas de las Comunidades Autónomas que permiten, durante su ejecución, mantenimiento y liquidación, dar cumplimiento a los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública.

Estas inversiones deben ser económicamente sostenibles a lo largo de la vida útil de la inversión y no computan en el gasto del ejercicio en que se ejecutan a efectos de la aplicación de la regla de gasto, aunque sí a efectos del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.

Este real decreto también recoge medidas fiscales y financieras para la isla de La Palma, a consecuencia de los daños provocados por la erupción del volcán Cumbre Vieja en 2021. Se incluye una habilitación específica a la Comunidad autónoma de Canarias para que pueda destinar 100 millones del superávit de 2025 a financiar ayudas destinadas a las personas físicas y entidades afectadas por la erupción volcánica en la citada isla.