La construcción pública incorpora criterios amplios de sostenibilidad en el 14% de los pliegos

La contratación pública española está impactando de forma progresiva en los requisitos de sostenibilidad de los proyectos de construcción, aunque persiste un claro desequilibrio entre los criterios ESG. Esta es una de las principales conclusiones del Observatorio de Construcción Sostenible en las Administraciones Públicas, elaborado por PwC y Aenor, que ha estudiado 300 pliegos correspondientes a 100 entidades: 24 empresas públicas y 76 administraciones territoriales. En los textos analizados, la sostenibilidad se aborda principalmente desde el punto de vista medioambiental, ya que casi dos de cada tres tipos de cláusulas se centran en esta dimensión (63%), mientras que los aspectos de gobernanza representan el 25% y los sociales apenas el 13%.

La incorporación de una sostenibilidad integral sigue siendo, según este documento, una realidad minoritaria: solo 42 de los 300 pliegos analizados (14%) incluyen al menos la mitad de los 28 criterios evaluados por el Observatorio. De hecho, apenas el 2% de las administraciones examinadas alcanza el nivel de sostenibilidad establecido. De hecho, como exponen PwC y Aenor, la taxonomía europea ha ampliado este concepto más allá de la eficiencia energética y la reducción de emisiones, al incorporar también requisitos sociales y de gobernanza en la evaluación de las actividades económicas. Esto implica que una edificación sostenible debe contemplar mediante criterios objetivos, medibles y verificables el conjunto de su ciclo de vida y de su cadena de valor, desde la fabricación de los materiales y el diseño del proyecto hasta la construcción, el uso, el mantenimiento y su desmantelamiento final.

“Los resultados del Observatorio muestran que existe una oportunidad clara para que la contratación pública acelere la transformación sostenible en todas las fases del proceso de construcción y pueda ser el catalizador de un gran cambio a nivel país, con el sector público como abanderado y el privado a continuación”, según la socia responsable del sector inmobiliario en PwC, Miren Tellería. “Avanzar hacia criterios más equilibrados, cuantificables y aplicables permitirá mejorar su impacto medioambiental, social y de gobernanza e impulsar la innovación, la eficiencia y la competitividad en toda la cadena de valor”, añade.

Por su parte, la directora corporativa de Certificación de Producto de Aenor, Yolanda Villaseñor, afirma que las conclusiones del estudio reflejan algunos avances en la incorporación de criterios de sostenibilidad en la contratación pública, pero también ponen de manifiesto la necesidad de apostar por una visión más integral. “La contratación pública tiene una enorme capacidad para acelerar esta transformación, incorporando de forma equilibrada criterios ambientales, sociales y de gobernanza, con objetivos claros y mecanismos efectivos de seguimiento”.

Dentro de las cláusulas medioambientales analizadas, la gestión de residuos es la más frecuente y está presente en el 71% de las entidades de la muestra. Le siguen la adecuación de la obra al entorno (53%), el uso de energías renovables (51%), la eficiencia energética (38%), la elaboración de un análisis ambiental (37%) y la gestión de emisiones (32%). En cambio, las certificaciones ambientales de edificación tienen una presencia prácticamente marginal. Por tanto, la gestión de residuos constituye la principal base de la sostenibilidad ambiental en los pliegos, con exigencias que en muchos casos superan el mínimo normativo. Por el contrario, la escasa presencia de criterios relacionados con los materiales, el uso del agua y las certificaciones ambientales mantiene un enfoque parcial, basado con frecuencia en medidas aisladas.

Las cláusulas sociales se concentran en solo tres de las 28 categorías analizadas. La preferencia por empresas que emplean a personas con discapacidad se identifica en el 97% de las entidades de la muestra y la preferencia por compañías con políticas de igualdad de género, en el 81%, mientras que las medidas de accesibilidad aparecen en el 12%. Los porcentajes de las dos primeras responden principalmente a obligaciones legales y a que suelen utilizarse como criterios de desempate entre ofertas.

En materia de gobernanza, el Observatorio identifica seis categorías. La gestión de riesgos es la más frecuente y aparece en el 53% de las entidades analizadas. A continuación, se sitúan la identificación y el estudio de puntos críticos (31%), la ciberseguridad y la seguridad de la información (19%), el compliance (17%), la metodología VDC, Virtual Design and Construction, (16%) y los sistemas Lean Construction (3%).

El informe destaca que, aunque los licitadores asumen compromisos específicos en sus ofertas, los pliegos y los sistemas de gestión contractual no suelen establecer procedimientos estandarizados para comprobar su cumplimiento durante la ejecución. En muchos casos tampoco se definen con claridad las responsabilidades de los órganos de contratación y de las entidades adjudicatarias. Esta falta de trazabilidad y supervisión dificulta detectar desviaciones, contrastar lo ofertado con lo ejecutado y aplicar medidas correctoras o sancionadoras.

El texto también pone de manifiesto que los pliegos se centran más en el uso del edificio y en el destino de sus componentes al final de su vida útil que en los materiales y en la propia construcción, dos ámbitos clave para reducir su impacto. De los 28 tipos de cláusulas analizados, solo cuatro se refieren a materiales y ninguno incluye criterios sociales o de gobernanza. Cuando se incluyen requisitos ambientales para los materiales, suelen limitarse al contenido reciclado, presente en el 57% de los pliegos pero carecen a menudo de parámetros comunes para verificar su cumplimiento. Las certificaciones de calidad aparecen en el 26% de los documentos y la Certificación de Calidad Aenor, en el 59%, mientras que las referencias a certificaciones medioambientales son puntuales.

Residuos, materiales, agua, energía y emisiones

A partir de los resultados obtenidos, el Observatorio identifica siete ámbitos prioritarios para reforzar la incorporación de la sostenibilidad en los pliegos de contratación pública. Entre ellos, destaca la necesidad de avanzar hacia una presencia más equilibrada de criterios ambientales, sociales y de gobernanza, así como de incorporar de forma sistemática aspectos relacionados con los residuos, los materiales, el uso del agua, la energía, las emisiones y las certificaciones ambientales.

Por fin, los autores del informe subrayan también la conveniencia de reforzar su dimensión social mediante requisitos capaces de generar un impacto efectivo más allá del cumplimiento normativo, mejorar la trazabilidad y la supervisión de los compromisos ESG durante la ejecución de los contratos y dotar las cláusulas de métricas claras, objetivos cuantificables e indicadores comprobables. Proponen además aplicar un enfoque integral de ciclo de vida, prestando especial atención a la fase constructiva y avanzar hacia criterios técnicos más completos para la selección de materiales, incorporando estándares verificables y requisitos de trazabilidad que permitan valorar su huella ambiental, durabilidad, toxicidad y circularidad.