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El nuevo Plan Estatal de Vivienda aprobado hoy ofrece subvenciones para que el promotor público o privado construya más vivienda asequible y protegida. El primer año será el Gobierno quien aporte la totalidad de los recursos.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 (PEV) con el que el Ejecutivo quiere impulsar políticas de vivienda con el fin de que sus beneficiarios sean aquellos colectivos que más necesiten las medidas, bajo el paradigma de elevar el actual parque público y que ni un solo euro vaya a parar a pisos que en el futuro se puedan privatizarse.
El plan cuenta con una dotación de 7.000 millones de euros que contribuirán de una manera decisiva a ampliar el parque de vivienda asequible, con especial atención a la pública y la protegida, así como a movilizar y dignificar la construcción ya existente, mediante un impulso de la rehabilitación y a incrementar la protección para aquellos colectivos con mayores dificultades de acceso, como es el caso de los jóvenes y de las personas con menores niveles de renta.
El 60% de la inversión procede del Gobierno central, mientras que el 40% restante corresponde a la aportación de las comunidades autónomas, que verán multiplicados por tres sus fondos para el desarrollo de políticas públicas que garanticen la asequibilidad y la protección permanente de la vivienda. Según explican fuentes del Ministerio, este primer año de aplicación del plan será el Gobierno quien aporte la totalidad de los recursos, mientras que la parte de cofinanciación de las autonomías se repartirá a lo largo de los próximos años de vigencia.
El plan incorpora como novedades para el control, la transparencia y la gobernanza de los fondos que se repartirán, la implantación de un blindaje de la vivienda pública y protegida para que no pase al sector privado y permanezca siempre en manos de la administración. Además, pondrá en marcha una cláusula antifraude en las adjudicaciones para que no se lleven a cabo operaciones fraudulentas y se ejerza un control en el cumplimiento de las condiciones al acceso.
El Plan Estatal de Vivienda requiere a las comunidades autónomas la remisión al Ministerio de la información de los contratos de arrendamientos en el registro de fianzas de la comunidad. Esta herramienta facilitará información en tiempo real sobre el número de alquileres en vigor, su precio, la rotación de personas inquilinas y el incremento de la oferta de forma trazable y real.
Ayudas a la construcción
Sin embargo, las medidas estelares son la amplia batería de ayudas económicas que recoge esta norma y que en el mejor de los casos puede llegar a los 102.000 euros en el caso de construcción de una vivienda industrializada en zona tensionada. Se financia la construcción de vivienda pública o en régimen de colaboración público-privada con hasta 85.000 euros por vivienda, lo que significa multiplicar por dos los fondos concedidos por vivienda en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Las viviendas se entregarán equipadas, tendrán un precio máximo de alquiler de 900 euros al mes y estarán protegidas para siempre.
En caso de que las nuevas viviendas se construyan en municipios de menos de 10.000 habitantes, podrán destinarse también a la venta, manteniendo siempre la protección. En cuanto a la urbanización del suelo, tanto público como privado, se incorporan ayudas para financiar la urbanización de aquellos suelos en los que se tenga previsto construir al menos un 40% de vivienda protegida, con hasta 8.000 euros por futura vivienda protegida.
En materia de industrialización de la construcción se habilita una ayuda adicional de hasta 8.500 euros por vivienda cuando en la edificación se empleen técnicas de industrialización. Por lo que la ayuda podrá ascender hasta 93.500 euros por cada vivienda nueva cuando esta se haya construido con métodos industrializados. También se habilita una ayuda adicional de hasta 8.500 euros cuando la nueva vivienda se construya en un área declarada como zona de mercado residencial tensionado. Por tanto, la ayuda por vivienda podrá llegar a los 102.000 euros, si se construye en una zona tensionada y se emplean métodos de industrialización.
La norma contempla también otra serie de ayudas para ampliar de forma rápida el parque público. En el caso de adquisición de vivienda de particulares se ayuda a las comunidades autónomas para que puedan ejercer su derecho a tanteo y retracto y para que puedan adquirir vivienda de forma directa, a través de la financiación del 70% del coste de adquisición. El porcentaje de financiación puede ascender hasta el 85% en caso de que la vivienda adquirida se ubique en una zona tensionada. Esa vivienda se pondrá a disposición de la ciudadanía en forma de alquiler asequible con un máximo de 800 euros al mes.
Se ofrece una ayuda de hasta 17.000 euros (o 25.000 euros si la vivienda se encuentra en una zona tensionada) a particulares que cedan una vivienda a la comunidad autónoma para que sea la administración quien la ponga a disposición de la ciudadanía en forma de alquiler asequible por un máximo de 600 euros mensuales. La comunidad autónoma se encargará de la gestión integral del alquiler y, cuando finalice el contrato, devolverá la vivienda a su propietario en condiciones óptimas.
Se destinarán hasta 12.000 euros para financiar obras de reforma o rehabilitación de las viviendas cedidas, una medida especialmente útil en las zonas rurales, donde se concentra el grueso de viviendas vacías, muchas veces por su situación de inhabitabilidad. También se contemplan ayudas para reformas estructurales de los edificios, así como para mejorar la accesibilidad y la eficiencia energética. Estas bonificaciones estructurales podrán llegar hasta los 8.000 euros por vivienda, las ayudas de accesibilidad hasta 13.000 euros por vivienda y las subvenciones para la rehabilitación energética hasta 20.500 euros por unidad, en función de la reducción de consumo de energía primaria, el tamaño y el coste total.
Se habilita una aportación extra de hasta 30.000 euros cuando la vivienda a rehabilitar esté en un casco histórico o cuente con especial protección patrimonial. Una vivienda ubicada en un casco histórico que acometa mejoras en su estructura, en su accesibilidad y en su eficiencia energética podrá obtener una ayuda de hasta 50.000 euros. Con el objetivo de movilizar vivienda vacía, se crean ayudas a la rehabilitación de viviendas que lleven vacías más de dos años con hasta 30.000 euros de financiación si, posteriormente, se disponen en alquiler residencial por un plazo mínimo de cinco años a un precio asequible. Los jóvenes son otro de los objetivos de las medidas. Se crea una ayuda de hasta 300 euros al mes destinada al pago del alquiler de las personas jóvenes que podrá modularse en función de cada comunidad autónoma atendiendo a la realidad de su territorio.
Según advirtió la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez tras su aprobación en el Consejo de Ministros, “el Gobierno no va a ser la caja pagadora, sino que va a asumir la dirección y coordinación de la política de vivienda, exigiendo corresponsabilidad a las comunidades autónomas para gestionar y optimizar los fondos del plan”, lo que desde su punto de vista ha sido posible gracias a la Ley de Vivienda, que reconoce la competencia del Estado para intervenir y garantizar el derecho a la vivienda, aunque el grueso de las competencias se encuentre en manos de las Comunidades Autónomas.
Precisamente esta circunstancia es la que ha provocado de nuevo que el ejecutivo de Isabel Díaz-Ayuso no acepte las condiciones impuestas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al señalar que es un plan que se ha hecho a espaldas de las comunidades y ni siquiera se ha aprobado en la conferencia sectorial, según afirmó el consejero de Vivienda y Transportes de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, en un vídeo publicado en redes sociales, donde ha denunciado que “es un instrumento para recentralizar competencias que son claramente autonómicas”.
El plan contempla dentro de su articulado la consecución de cinco grandes objetivos como son la ampliación del parque de vivienda pública, protegida y asequible, hacer que la vivienda que sea más eficiente y accesible, adelantar la edad de emancipación actualmente tardía de los jóvenes, reducir el esfuerzo para pagar la vivienda y revertir las zonas tensionadas con una especial atención del mundo rural.
Las reacciones al nuevo Plan de Vivienda no se han hecho esperar. Desde la Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña) valoran el Real Decreto como “un primer paso para aportar soluciones efectivas” y se mantienen a la expectativa para ver cómo se materializan los convenios con las comunidades autónomas, “elemento clave para la ejecución” del PEV. “Valoramos positivamente que el Gobierno haya incrementado la dotación presupuestaria con respecto a los anteriores planes, algo que desde APCEspaña venimos reclamando hace años y que debe mantenerse”, han expresado.
Destacan también que la norma incluye otra de sus reivindicaciones, la incorporación de ayudas para financiar la urbanización, “una medida muy necesaria para poder hacer viables aquellos proyectos que requieren de desarrollo urbanístico”. “También valoramos positivamente que se hayan recuperado las ayudas a la construcción”, han manifestado, demanda “imprescindible para ampliar el parque de vivienda en España, especialmente asequible y protegida”.
La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) también ha valorado de forma positiva el plan del Gobierno, aunque ha lamentado el retraso de su aprobación, según un comunicado de la organización. Su director general, Jorge Ginés, ha instado a las administraciones a acelerar su implementación para no comprometer el primer año de vigencia del convenio. “Con la escasez de oferta que hay en vivienda protegida, destinar el 40% de los fondos a ayudas directas va a dar un impulso necesario a la producción de vivienda protegida, que es justo lo que hace falta”, ha añadido Ginés.
Sin embargo, desde la organización han considerado que la aprobación llega “con cinco meses de demora”, por lo que creen que resulta “urgente” que el Estado y las Comunidades Autónomas “convenien de forma inmediata” para implementar estas medidas y evitar perder el ejercicio de este año. Fuentes del Ministerio de Vivienda señalan que la aprobación del plan es con efectos retroactivos desde el pasado 1 de enero.
Desde la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), su presidente, José María Alfaro, ha asegurado que nace con “importantes limitaciones” que comprometen su impacto sobre el mercado residencial, especialmente en un contexto marcado por un déficit de oferta de vivienda. En un comunicado, ha afirmado que la falta de un pacto de Estado y plan de choque ante la mayor crisis habitacional que sufre España lastran la eficacia del nuevo Plan de Vivienda del Gobierno y añade que el problema se concentra de forma especialmente intensa en las grandes ciudades y áreas metropolitanas, donde se está desplazando la demanda y donde la escasez de vivienda disponible es más acusada.
Según el presidente de FAI, el plan no focaliza de manera suficiente sus recursos ni sus medidas en estos mercados tensionados y señala como otro de los puntos críticos la ausencia de una dotación económica sólida, condicionada por la falta de Presupuestos Generales del Estado, que garantice la ejecución real de las medidas. Desde su punto de vista, sin una base presupuestaria clara, el plan corre el riesgo de quedarse en una declaración de intenciones, con dificultades evidentes para trasladarse al mercado y generar impacto en el corto y medio plazo. A todo ello se suma, según Alfaro, la falta de acuerdo y coordinación entre administraciones. En este sentido, ha destacado que el diseño del plan condiciona la actuación de las comunidades autónomas mediante sistemas de cofinanciación, lo que dificulta su aplicación.
Desde el Grupo Gesvalt las críticas se dirigen a las ayudas a las rehabilitaciones. Según señala Pablo Muñoz, consejero delegado de Evalore y responsable de sostenibilidad en Grupo Gesvalt, las ayudas a la rehabilitación van en la buena dirección, pero por sí solas no son suficientes. En España tenemos un parque claramente envejecido ya que en torno al 45% de los edificios es anterior a 1980 y otras fuentes oficiales elevan esa concentración hasta cerca del 58%. Por eso la rehabilitación ya no debería verse como una mejora opcional, sino como una necesidad real. Para que haya un impulso de verdad hace falta también más capacidad de gestión, financiación bien articulada y mejor ejecución sobre el terreno. Para ellos, la rehabilitación gana peso como política estructural, aunque la diferencia es que ahora ya no se puede leer solo en clave de conservación, sino también de eficiencia energética, accesibilidad y adaptación del parque a unas exigencias técnicas y regulatorias mucho mayores que las de hace décadas. El CTE entró en vigor en 2006 y una parte muy relevante del parque es muy anterior a ese marco.
El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España (Cgcafe) ha advertido del “desfase” existente entre los objetivos del Plan Estatal de Vivienda y la realidad de la rehabilitación energética en España, poniendo en duda el cumplimiento de los compromisos europeos en materia de eficiencia energética y descarbonización. Según el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (Cscae), en 2025 el sector de la rehabilitación tuvo un significativo repunte, con 55.558 viviendas visadas, pero todavía se encuentra lejos de los objetivos marcados por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec), que fijaba en 96.000 las unidades rehabilitadas en el ejercicio anterior.
